Editorial de Mayo 2017

 

Con la presencia de productores de diversos rubros del país, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No.443, que reforma el Decreto Ley 11 de 2006, que creó la Autoridad Panameña de Seguridad Alimentaria (AUPSA). Este proyecto busca adecuar los temas de importación de alimentos y su relación directa con los convenios comerciales internacionales suscritos por el Estado panameño, y ajustarlos a las realidades prácticas.

El proyecto de ley aprobado por los diputados panameños, deroga los artículos 58 y 59 del Decreto Ley 11 de 2006, que obligaba a los funcionarios de AUPSA a ratificar las importaciones de alimentos en un plazo de 30 días, o de lo contrario, podrían ser demandados penal y civilmente, lo que permitía la entrada de todo tipo de importación de alimentación sin mayores controles.

AUPSA fue creada como la institución llamada a verificar que los productos alimenticios, en cualquiera de sus variedades que ingresan al país, sean sanos y óptimos para el consumo humano, y para los casos pertinentes, para el consumo animal. Tiene nueve años en funciones y ha encontrado vacíos que no se visualizaron en su constitución original. Esto se ha traducido en desventajas, reclamos e incertidumbres que en los últimos años han manifestado los productores agropecuarios del país en temas concretos, como la carne de res y porcina, arroz y maíz, y los productos lácteos como la leche y sus procesados.

De igual forma, el pleno de la Asamblea Nacional también aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 488, que aprueba el Contrato 36-2007, suscrito entre el Estado y la empresa Banapiña de Panamá, S.A. (en adelante llamada Del Monte), el cual busca la reactivación de la actividad bananera en la provincia de Chiriquí, con la creación de nuevos empleos e inversión económica de impacto directo e indirecto en el aspecto social y económico de la zona.

El contrato tiene una duración de veinte años prorrogables en iguales términos y condiciones, con excepción de las exenciones fiscales, las cuales deberán ser revisadas por el Estado al finalizar el primer periodo del contrato. La reactivación contempla las áreas productivas anteriormente administradas por la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR), y áreas aledañas de interés para el desarrollo de tales actividades, como fincas de productores independientes en el área de Divalá.

 

El proyecto incluye el arrendamiento de los terrenos y su acondicionamiento para la siembra, actividades agrícolas para el cultivo de bananos y/o plátanos, instalación de sistema de riego, construcción de infraestructura para el empaque y exportación de la fruta y cualquier otra mejora necesaria para el desarrollo de la actividad bananera, para garantizar una inversión mínima de 100 millones de dólares en un plazo no mayor de siete años.

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